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Los monjes del Valle de los Caídos anuncian que no autorizarán la exhumación de los restos de Franco

Valle de los Caídos

La comunidad religiosa, que ya ha dado a conocer oficialmente su posición al Gobierno, desmiente que esté incurriendo en un desacato a la sentencia del Tribunal Supremo, porque no se ha dictado todavía la parte del procedimiento que afecta a la Abadía

La comunidad benedictina que gestiona la Abadía del Valle de los Caídos ha confirmado en una nota de prensa que no va autorizar el acceso a la sepultura donde se guardan los restos mortales de Francisco Franco, al entender que forma parte de un “lugar sagrado”, según se expone en el texto, y que, por tanto, debe regir en este caso el principio de inviolabilidad de los sitios de culto.

La congregación ha respondido con la divulgación de esta nota a las informaciones que habían aparecido horas antes en medios digitales, en las que se apuntaba que la comunidad rehusaba acatar la sentencia del Tribunal Supremo por la que se autoriza al Gobierno a trasladar los restos desde su actual emplazamiento, en el Valle de los Caídos, hasta el cementerio anexo al Palacio de El Pardo.

La Orden religiosa se ha mostrado disconforme con estas informaciones, y ha asegurado que en ningún momento ha cometido desacato contra la resolución del Alto Tribunal. Alega, al respecto, que la sentencia “todavía no ha sido dictada en el procedimiento del que esta Abadía es parte, y, en segundo lugar, lo recurrido ante el Tribunal Supremo es un acuerdo del Consejo de Ministros que reconoce, expresamente, necesitar de la autorización eclesiástica para proceder a la ejecución de dicho acuerdo”.

Carta del prior a la vicepresidenta del Gobierno

La controversia arrancó con el envío de una carta firmada por el prior de esta comunidad benedictina, Santiago Cantera, y remitida a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En la misiva, el principal responsable de la congregación que tiene asumida la gestión y la conservación del Valle de los Caídos comunicó a la representante del Ejecutivo que no cuentan con la autorización de la comunidad religiosa para irrumpir en un lugar de culto y trasladar unos restos humanos depositados en ese emplazamiento.

No obstante, los monjes insisten, en su nota informativa, en que su posición no puede considerarse desacato al Tribunal Supremo, y recuerdan la necesidad de respetar el contenido de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, sin perjuicio, sigue diciendo el comunicado, de “otros derechos fundamentales y valores morales y religiosos que entendemos vulnerados”.

Para la comunidad benedictina, “utilizar los posibles recursos contra resoluciones judiciales no es desacato, sino ejercicio legítimo de derechos fundamentales“, y, en este sentido, advierte que la Abadía “defenderá sus derechos y, en especial, el concepto de inviolabilidad de los lugares de culto”.

 

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