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SOCIEDAD

Jueces y Tribunales al mando

Jueces y Tribunales al mando

La última palabra de los jueces no mejora la palabrería de nuestra cada vez más deteriorada clase política

Nos estamos convirtiendo en un país en el que la división de poderes funciona de forma singular:

En primer lugar está el Poder Judicial, que decide cómo interpretar y aplicar las leyes que elaboran los Parlamentos.

Luego está el Poder Judicial, que controla si los decretos, órdenes ministeriales, reglamentos, nacionales o autonómicos se ajustan o no a la ley, que el primer Poder Judicial interpreta.

Y finalmente está el Poder Judicial, el de toda la vida, que juzga los problemas que surgen en las relaciones entre ciudadanos o de éstos con las Administraciones públicas.

En este contexto, no es de extrañar que la madre de todas las batallas sea el control del Consejo General del Poder Judicial, el que decide ascensos y nombra a los magistrados de los Tribunales más importantes, empezando por el Supremo.

No es de extrañar que la madre de todas las batallas sea el control del Consejo General del Poder Judicial

Este sistema, por lo demás, pone a los jueces en la diana de la crítica partidista. Por ejemplo, en el tema COVID, cuando los TSJ de Galicia y Castilla León avalan las mismas restricciones a la movilidad que el TSJ de Madrid considera que vulneran derechos constitucionales básicos de los ciudadanos. (Desconozco si Galicia y Castilla siguieron formalidades distintas a Madrid para sustentar jurídicamente mejor sus medidas)

O cuando el TSJ de Madrid avala el confinamiento perimetral de unos barrios y pocas semanas después anula la extensión de este mismo confinamiento a otros distritos y municipios en plena bronca política. (Entiendo que por razones formales que, desgraciadamente, el TSJ madrileño no ha puesto negro sobre blanco)

O cuando la Audiencia Nacional exonera de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración de Bankia, entre ellos, Rato y Acebes, del mismo partido que tiene mayoría absoluta en el CGPJ, considerando que sacar a bolsa un banco zombi, con un agujero de 24.000 millones de euros, afirmando que da beneficios, no constituye ilícito penal porque tuvo el aval del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que los tuvo, y cuyos dirigentes ni siquiera han sido juzgados.

La foto en su conjunto no es alentadora.

Si vamos al fondo de las cuestiones, soy garantista en eso de limitar un derecho fundamental como la libertad de movimientos. Soy de los que prefieren que para prohibirnos salir de nuestras casas, como en marzo, se apruebe un estado de excepción (con intervención del Congreso desde el primer momento) y no de alarma (sin control parlamentario hasta pasados quince días)

Soy de los que prefieren que para prohibirnos salir de nuestras casas, como en marzo, se apruebe un estado de excepción (con intervención del Congreso desde el primer momento) y no de alarma (sin control parlamentario hasta pasados quince días)

Del mismo modo, para confinamientos perimetrales prefiero un estado de alarma (sujeto a revisión por el Congreso) que una simple orden ministerial o un mero decreto autonómico.

También creo que ocho o nueve meses después de que empezara la pandemia, las reglas de juego y los repartos de competencias deberían estar claros para evitar el espectáculo que se ha vivido en Madrid. Espectáculo que afecta a cientos de miles de personas que han estado hasta el último momento sin saber si debían cancelar o no su billete de Renfe, o si al día siguiente su bar, del que comen, del que viven, abriría o no, o hasta qué hora lo podría hacer o con qué aforo.

Pero sobre todas las cosas, cero que los confinamientos no los deberían decidir los jueces sino las autoridades políticas, pero no arbitrariamente, sino después de sopesar, con luz y taquígrafos, la opinión de los médicos y de los economistas, explicando a la ciudadanía qué aconsejan unos o qué advierten los otros y explicitando a qué criterio dan preferencia y por qué.

En el caso Bankia también soy garantista, que no es sinónimo de ser defensor de la impunidad. Los consejeros han sido absueltos porque el Banco de España y la CNMV dieron su visto bueno a todo, lo que técnicamente no es mala defensa. El problema es que los dirigentes de ambas entidades no han sido molestados en ningún Tribunal, único sitio donde en España se puede molestar a una autoridad.

La conclusión final que recibe el ciudadano (y el futuro inversor) es que no pasa nada si alguien saca a bolsa un agujero de 24.000 millones de euros con toneladas de maquillaje para que parezca que se trata de una empresa solvente que da beneficios. Como en España no hay más responsabilidades que las judiciales, la Sentencia absolutoria de Rato, Acebes y compañía es un auténtico carpetazo al tema.

“No lo vieron” los miembros del Consejo de Administración, ni los auditores, ni los inspectores del Banco de España ni los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Al final resulta que en la salida a bolsa de Bankia las fuentes más fiables fueron Twitter y Forocoches, únicos sitios en los que el inversor fue advertido de que, mucho cuidado, las acciones en venta de Bankia eran un producto tóxico.

Y eso es grave.

Es grave que la mitad de la población de Madrid, la de izquierdas, crea que el TSJ madrileño tiene dos varas de medir en función de si el confinamiento perimetral afecta a Vallecas o a un barrio del norte. Y es grave que el grueso de los inversores reciba el mensaje de que Twitter es más fiable que la CNMV.

La última palabra de los jueces no mejora la palabrería de nuestra cada vez más deteriorada clase política.

Carlos M. Florit Canals
www.florit-abogados.com

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